La publicación por el Indec del índice de precios al consumidor de mayo ha puesto de manifiesto que el gobierno nacional está decidido a continuar con el sistemático falseamiento de las estadísticas oficiales. El aumento del 0,3 por ciento respecto del mes anterior es sustancialmente inferior al observado en mediciones privadas y no condice con la percepción del consumidor común.
De acuerdo con el Indec, en los últimos doce meses la inflación minorista fue de sólo 5,5 por ciento, cifra que difiere sensiblemente del 15,4 por ciento que promedian las mediciones de cinco provincias (Entre Ríos, Neuquén, San Luis, Chubut y Jujuy). Las oficinas de estadísticas de estos gobiernos provinciales no parecen estar sujetas al control nacional.
Probablemente la mayor manipulación de las cifras del Indec se haya realizado en el rubro alimentos, que no mostró ninguna variación en mayo y que sólo acumula un aumento de 1,2 por ciento en los últimos doce meses. Se trata de otra ofensa a la inteligencia y a la capacidad de percepción de los ciudadanos argentinos.
La modificación deliberada de la medición de la inflación ha contaminado otras series de estadísticas, particularmente las de producción, actividad económica, pobreza y salario real. Se está sobrestimando la evolución de la producción industrial, el comercio y otras actividades. Aquellos rubros que sólo pueden medirse por el valor monetario de sus ventas resultan en un aumento de su volumen físico mayor que la realidad cuando el Indec deflaciona la serie con un índice de precios muy por debajo de la verdadera inflación. Lo mismo pasa con los ingresos reales de las personas. Por lo tanto, hay menos producción y hay más pobreza de las que dice el Indec.
El falseamiento de las estadísticas oficiales es una gravísima falta moral, pero además resulta perjudicial y costoso en diferentes terrenos, incluido el económico y el social. Cuando resulta evidente esa falsedad y se hace necesario apoyarse en mediciones privadas de menor cobertura y alcance, se entra en un cono de incertidumbre.
Si no se sabe cuál es la inflación, los agentes económicos la supondrán según su conveniencia o seguridad. Habrá aumentos preventivos de precios y demandas salariales con un mayor margen sobre lo necesario. Se agrega así un factor adicional de incertidumbre sobre los muchos existentes.
Por otro lado, se afectarán indebidamente ajustes e ingresos establecidos contractualmente en relación con los índices oficiales. Es el caso, por ejemplo, de los títulos públicos emitidos con ajuste por el CER, que han dado motivo a sus tenedores para reclamar judicialmente frente al Estado. En ámbitos internacionales muchos han pensado que el propósito del gobierno argentino con estas maniobras ha sido reducir el peso de los pagos de su deuda. El comportamiento de los gobiernos de Néstor Kirchner y de su esposa frente a los acreedores hace creíble esa suposición.
La medición oficial del producto bruto resulta también obviamente distorsionada. La caída que vienen midiendo instituciones privadas desde el último trimestre de 2008 ha sido ignorada por el Indec. El discurso oficial sigue insistiendo en que no hay recesión en la Argentina e intenta destacar este hecho como una virtud de un "modelo" que diferenciaría a nuestro país frente a un mundo en crisis.
Mientras tanto, la producción agropecuaria, así como la industrial, la construcción y otros sectores exponen fuertes caídas. El mayor pago por el cupón asociado al PBI no es el problema, sino el efecto destructivo sobre la confianza que implica la constante mentira oficial acerca del desempeño de la economía. Se ha afectado sobremanera la inversión y, por lo tanto, la creación de empleo, en momentos en que la recesión comienza a producir despidos y suspensiones.
La incapacidad del Gobierno de exponer estadísticas creíbles inhabilita a la Argentina para recuperar el crédito internacional. La aparición de déficit fiscal y la casi imposibilidad de cubrir el aumento sostenido del gasto con nuevos recursos tributarios están llevando al Gobierno a urgentes disyuntivas.
En tanto que se apliquen políticas correctivas de carácter estructural y se descarten nuevas y destructivas confiscaciones, se deberá poder acceder al crédito internacional. El acceso al Fondo Monetario Internacional se expone como el camino más factible, con mayor razón después de las medidas dispuestas por la reciente reunión del G-20. Es posible obtener un tramo de crédito no inferior a 20.000 millones de dólares sin más condicionamiento que admitir la usual misión económica anual de relevamiento que dejó de venir a la Argentina a causa de la incredibilidad de las estadísticas.
La rectificación del inaceptable comportamiento del Indec es una condición necesaria en cualquier circunstancia futura. La Justicia debería avanzar rápidamente para penalizar y detener la continuación de estos hechos y definir el curso de acción para reparar los enormes daños ya ocasionados.
Vía: La Nación
De acuerdo con el Indec, en los últimos doce meses la inflación minorista fue de sólo 5,5 por ciento, cifra que difiere sensiblemente del 15,4 por ciento que promedian las mediciones de cinco provincias (Entre Ríos, Neuquén, San Luis, Chubut y Jujuy). Las oficinas de estadísticas de estos gobiernos provinciales no parecen estar sujetas al control nacional.
Probablemente la mayor manipulación de las cifras del Indec se haya realizado en el rubro alimentos, que no mostró ninguna variación en mayo y que sólo acumula un aumento de 1,2 por ciento en los últimos doce meses. Se trata de otra ofensa a la inteligencia y a la capacidad de percepción de los ciudadanos argentinos.
La modificación deliberada de la medición de la inflación ha contaminado otras series de estadísticas, particularmente las de producción, actividad económica, pobreza y salario real. Se está sobrestimando la evolución de la producción industrial, el comercio y otras actividades. Aquellos rubros que sólo pueden medirse por el valor monetario de sus ventas resultan en un aumento de su volumen físico mayor que la realidad cuando el Indec deflaciona la serie con un índice de precios muy por debajo de la verdadera inflación. Lo mismo pasa con los ingresos reales de las personas. Por lo tanto, hay menos producción y hay más pobreza de las que dice el Indec.
El falseamiento de las estadísticas oficiales es una gravísima falta moral, pero además resulta perjudicial y costoso en diferentes terrenos, incluido el económico y el social. Cuando resulta evidente esa falsedad y se hace necesario apoyarse en mediciones privadas de menor cobertura y alcance, se entra en un cono de incertidumbre.
Si no se sabe cuál es la inflación, los agentes económicos la supondrán según su conveniencia o seguridad. Habrá aumentos preventivos de precios y demandas salariales con un mayor margen sobre lo necesario. Se agrega así un factor adicional de incertidumbre sobre los muchos existentes.
Por otro lado, se afectarán indebidamente ajustes e ingresos establecidos contractualmente en relación con los índices oficiales. Es el caso, por ejemplo, de los títulos públicos emitidos con ajuste por el CER, que han dado motivo a sus tenedores para reclamar judicialmente frente al Estado. En ámbitos internacionales muchos han pensado que el propósito del gobierno argentino con estas maniobras ha sido reducir el peso de los pagos de su deuda. El comportamiento de los gobiernos de Néstor Kirchner y de su esposa frente a los acreedores hace creíble esa suposición.
La medición oficial del producto bruto resulta también obviamente distorsionada. La caída que vienen midiendo instituciones privadas desde el último trimestre de 2008 ha sido ignorada por el Indec. El discurso oficial sigue insistiendo en que no hay recesión en la Argentina e intenta destacar este hecho como una virtud de un "modelo" que diferenciaría a nuestro país frente a un mundo en crisis.
Mientras tanto, la producción agropecuaria, así como la industrial, la construcción y otros sectores exponen fuertes caídas. El mayor pago por el cupón asociado al PBI no es el problema, sino el efecto destructivo sobre la confianza que implica la constante mentira oficial acerca del desempeño de la economía. Se ha afectado sobremanera la inversión y, por lo tanto, la creación de empleo, en momentos en que la recesión comienza a producir despidos y suspensiones.
La incapacidad del Gobierno de exponer estadísticas creíbles inhabilita a la Argentina para recuperar el crédito internacional. La aparición de déficit fiscal y la casi imposibilidad de cubrir el aumento sostenido del gasto con nuevos recursos tributarios están llevando al Gobierno a urgentes disyuntivas.
En tanto que se apliquen políticas correctivas de carácter estructural y se descarten nuevas y destructivas confiscaciones, se deberá poder acceder al crédito internacional. El acceso al Fondo Monetario Internacional se expone como el camino más factible, con mayor razón después de las medidas dispuestas por la reciente reunión del G-20. Es posible obtener un tramo de crédito no inferior a 20.000 millones de dólares sin más condicionamiento que admitir la usual misión económica anual de relevamiento que dejó de venir a la Argentina a causa de la incredibilidad de las estadísticas.
La rectificación del inaceptable comportamiento del Indec es una condición necesaria en cualquier circunstancia futura. La Justicia debería avanzar rápidamente para penalizar y detener la continuación de estos hechos y definir el curso de acción para reparar los enormes daños ya ocasionados.
Vía: La Nación
