Para el kirchnerismo, la última fue una buena semana porque logró "profundizar el modelo". Para los argentinos, no; al menos para todos aquellos que contribuyen a financiarlo sin saber de qué se trata.La amplia brecha entre el discurso oficial y el sentido común sólo ha servido para dejar al descubierto más contradicciones que acentúan la confusión y la desconfianza. Lo único concreto es que la administración de Cristina Kirchner avanzó en su objetivo de conseguir por otro año el manejo de las retenciones a la exportación. Este éxito legislativo no sólo le permitió compensar el trago amargo de dar marcha atrás con el polémico aumento diferencial de las tarifas de gas y electricidad, sino también embarcarse, a un costo incierto, en el manejo estatal de las transmisiones televisivas del fútbol profesional, con el eterno Julio Grondona como socio. Para completar el cuadro, volvió a demostrar que sus politizadas estadísticas poco tienen que ver con la evolución real de los precios, así como el resultado electoral con la posibilidad de cambios en el enfoque y el estilo del Gobierno. Quizá Néstor Kirchner fue el más sincero del oficialismo, cuando dijo que en una elección le puede ir mejor o peor, pero no significa que vaya a cambiar. No se equivocaron quienes sospechaban que el kirchnerismo aprovecharía estos meses de mayoría transitoria en el Congreso para pasar facturas pendientes, ante la desorientación de la oposición, que se impuso en las urnas.
El resultado es desconcertante, porque detrás de algunas decisiones, como el fútbol o las tarifas, no hubo ninguna idea de instrumentación y eso complica aún más las cosas.
En el caso del fútbol, la Casa Rosada presentó una política de protección del negocio que envidiarían muchos sectores económicos. Como en economía nada es gratis, el interrogante sin respuesta es quién terminará pagando la transmisión por TV de todos los partidos. La venta de publicidad privada sería apenas un paliativo: según Daniel Vila, empresario de medios y dirigente de fútbol mendocino, la torta publicitaria de toda la TV llega a los 1000 millones de pesos anuales y difícilmente la mitad vaya a destinarse al fútbol. Tampoco la televisión por cable podría quedar al margen del negocio de venta de derechos para llegar a todo el país, aunque la mayoría de las empresas se resiste a aumentar los abonos. Este fue el punto de ruptura con la AFA. Una mayor cuota de publicidad oficial es una tentación propagandística para el Gobierno y financiera para los clubes. Pero si finalmente el Estado utiliza los recursos de todos para asegurarle a la AFA los 500 millones anuales que le negó el monopolio de la televisación privada que el propio Grondona contribuyó a crear, se llegaría al absurdo redistributivo de que los desocupados o los jubilados contribuirían a financiar el caótico manejo de muchos clubes o los contratos millonarios de Juan Román Riquelme y otras estrellas. Incluso, los dirigentes deberían agradecer que no les impongan retenciones sobre las transferencias de jugadores al exterior, como las que sufren los productores agrícolas; o regulaciones con límites de edad o de precios para las ventas, como las que afectan a otros sectores agroindustriales. Aun así, nadie habló de contrapartidas para este salvataje. Ni siquiera estarían obligados a invertir en centros deportivos que contribuyan a una mayor inclusión de los más pobres.
Valores inverosímiles
Con las tarifas de luz y gas también se produjo una sucesión de absurdos. Después de que Julio De Vido acusó a las distribuidoras de errores de facturación y las amenazó con retirarles la concesión del servicio, la sorpresiva suspensión de los aumentos dejó un tendal de descolocados. El primero fue el propio ministro de Planificación: si las empresas facturaban mal, en realidad le hacían un favor al Gobierno ya que el descomunal ajuste no aumenta los ingresos de las distribuidoras, sino que reduce la abultada cuenta de subsidios estatales a la energía. Otro tanto ocurrió con Hugo Moyano, quien les atribuyó supuestas intenciones desestabilizadoras, luego de que el secretario Daniel Cameron defendió los aumentos como un castigo tarifario a los consumidores ricos. Y también descolocó a la propia Presidenta, al atribuirle la suspensión de la medida a un criterio de sensibilidad social que, en ese caso, CFK no exhibió hace diez meses, cuando aprobó el controvertido esquema diferencial que, según todos los pronósticos, haría eclosión en el invierno. Hubiera sido mucho más sensato reconocer el error oficial y prometer un replanteo de esa política; algo que no ocurrió aunque los números no cierren. De hecho, los aumentos ahora postergados sólo reducían en una octava parte los subsidios al consumo. Mientras tanto, la operadora mayorista Cammesa mantiene con las generadoras eléctricas una deuda superior a 1600 millones de pesos, con un atraso de un año en los pagos.
Por lo pronto, los incrementos ahora suspendidos ni siquiera habían movido la aguja del IPC de julio, que registró para ese rubro, junto con los combustibles, una variación de sólo 0,1% con respecto a junio.
Aún más sorprendente es que en alimentos y bebidas, el Indec muestra para los últimos doce meses una suba de apenas 1,6%. Un relevamiento directo que se realiza periódicamente en esta columna sobre los precios de una canasta fija de treinta productos, en el mismo local porteño de una cadena líder de supermercados, arroja un alza promedio de 19,7%. Sólo cinco muestran subas de un dígito anual (gaseosas, postres dietéticos, leche para bebes, azúcar y queso rallado) y apenas uno (jamón cocido) registra una baja considerable (27,3%). En cambio, tres hortalizas (papa, zapallito y berenjena) acusan alzas de 150 a 200%. En este último rubro el DT del Indec consideró que residen las mayores discrepancias con las consultoras privadas, al señalar que no aplican los criterios de sustitución de productos del organismo, que nunca fueron difundidos.
Norberto Itzcovich también sostiene que los índices oficiales no reflejan los precios de los changuitos, lo cual nadie podría negarle aunque se supone que deberían servir para tomarle la temperatura a la inflación y no para confundir más. Paradójicamente, mientras las estimaciones privadas exhiben un descenso de 10 puntos en la tasa de inflación interanual (que habría pasado de 25% en 2008 a 15% en 2009, un nivel alto pese al contexto recesivo), la encuesta de expectativas que realiza el consultor Hugo Haime revela que el 82% de los consumidores cree que será más alta (57%) o igual (27%) que la de 2008. Otra razón más para descalificar el oscurantismo estadístico oficial.
Vía: La Nación
